Bandera Roja

Partido político de izquierda presidido por Gabriel Puerta Aponte. Forma parte de la coalición opositora de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Desde su fundación el 20 de enero de 1970 se ha identificado con las teorías marxistas leninistas del comunismo y socialismo. Este partido ha creado frentes de movimientos estudiantiles en distintas universidades del país. En el caso de la Universidad Central de Venezuela, su mayor representante es la presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social, Sairam Rivas, quien se encuentra privada de libertad en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) desde el pasado 8 de mayo de 2014, luego de ser detenida en el campamento estudiantil apostado en la plaza Alfredo Sadel del municipio Baruta. El blog oficial del partido se describe como “en pugna por el establecimiento de la Democracia Popular en Venezuela, enfrentada actualmente al régimen chavista, la farsa más grande que ha existido en Venezuela”. El martes 28 de julio de 2015, una decisión de la Sala Constitucional del TSJ resolvió incapacitar a Gabriel Puerta como secretario general de la organización y transferir la autoridad a Pedro Véliz Acuña, simpatizante del chavismo. El fallo, desconoce las últimas elecciones internas del partido y significa que la tarjeta electoral no necesariamente apoyará a la MUD en las próximas elecciones parlamentarias. Según la dirigencia del partido, la acción es un «arrebato» y coarta «al pueblo la opción de votar por los revolucionarios».
Un comunicado emitido el 28 de febrero por este partido dio a conocer su posición del proceso de renovación exigido por el Consejo Nacional Electoral (CNE). «La decisión de la #Dictadura venezolana —consejo nacional electoral (cne) mediante— de ilegalizar a nuestro partido y a varios otros de tradición en el país, incluso algunos afectos al chavismo, la asumimos nuevamente como un reto para luchar en la ilegalidad, esta vez impuesta contra nosotros por dos vías simultáneamente», indicó. También hicieron un llamado a las otras organizaciones políticas «a no convalidar con nuestra firma esta decisión que restringe la participación del pueblo en la toma de decisiones».