Indira Alfonzo Izaguirre

Nació en La Guaira. Ha sido docente de la cátedra Criminología en la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo San Antonio de Los Altos. También ha impartido las asignaturas Criminología y Teoría Política Contemporánea en la Escuela de Formación de Guardias Nacionales.

Según la página oficial del TSJ: “Ha ocupado importantes cargos dentro de la Administración Pública”. Su recorrido laboral comenzó en los años noventa. Fue asistente jurídico en el Congreso de la República, entre 1996 y 1999. Justamente en 1996, es elegida como miembro de número de la Asociación Iberoamericana de Juristas del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. También fue asistente jurídico en Asamblea Nacional Constituyente  (ANC), en la Dirección del Despacho de la Presidencia en 1999. Más tarde, se desempeñó como asistente legal en la Comisión Legislativa Nacional, en el Despacho del Segundo Vicepresidente entre 2000 y 2001. Alfonzo fungió como investigadora en la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional (AN) entre 2001 y 2002, y luego fue directora de Secretaria Encargada de la  misma comisión entre 2002 y 2003.

Luego, se desempeñó como directora general de Despacho Encargada de la Presidencia de la AN entre 2003 y 2005. Entre 2005 y 2006, tuvo una pequeña incursión en el Poder Electoral tras ser directora ejecutiva de la Rectoría Principal del Consejo Nacional Electoral (CNE). Pero después volvió a ser  directora de Secretaria de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad hasta 2008. Ese año, pasó a ser directora de Secretaría de la Comisión Permanente de Política Interior del Parlamento.

Antes de entrar al TSJ, Alfonzo trabajó como directora general del Despacho del Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social, entre 2009 y 2010. En ese último año, ingresa al máximo tribunal de Venezuela como primera suplente. En 2013, obtuvo un diplomado en Derechos Humanos en la Escuela de Derechos Humanos, Fundación Juan Vives Suriá, de la Defensoría del Pueblo.

Un año más tarde, en 2014, fue incorporada como magistrada para suplir la vacante absoluta de las Salas Electoral, Plena y Especial Primera. Después, sería juramentada como magistrada titular de la Sala Electoral  por doce años, es decir, hasta 2026. Alfonzo se postuló al TSJ en lugar de Delcy Rodríguez, actual vicepresidenta del gobierno de Maduro y hermana del presidente de la AN/6D, Jorge Rodríguez, luego de que informaran, desde la Asamblea Nacional, que Rodríguez renunciaba a su postulación.

Otro de los cargos de Alfonzo los desempeñó en el Ministerio del Despacho de la Presidencia y en Venezolana de Cementos, ente adscrito al Ministerio de Industrias, como consultora jurídica y representante judicial.

Entre 2015 y 2017, fue segunda vicepresidenta del TSJ. El 24 de febrero de 2017 fue nombrada primera vicepresidenta del TSJ. Según un artículo realizado por Juan Francisco Alonso y publicado el 28 de noviembre de 2018 en cronica.uno: “Indira Alfonzo elaboró el dictamen que ha dejado al estado Amazonas sin representación en el Parlamento desde 2015”, en referencia a la sentencia que  suspendió “los actos de totalización, adjudicación y proclamación de los diputados electos por voto nominal, voto lista y representación indígena en el estado Amazonas” en las elecciones parlamentarias de 2015.

El 30 de mayo de 2018, fue sancionada por el gobierno de Canadá, “por apoyar las elecciones presidenciales llevada a cabo ese mismo mes de forma antidemocrática”. Canadá no es el único país que ha impulsado acciones de este tipo contra Alfonzo.

De acuerdo con una nota del 2 de octubre de 2019 publicada en Tal Cual, “el gobierno de Perú prohibió la entrada y deportó a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Indira Alfonzo y Arcadio Delgado Rosales, cuando trataban de ingresar a ese país para asistir a la Cumbre Judicial Iberoamericana”. La nota detalla que “ambos magistrados del TSJ fueron retenidos durante tres horas en el aeropuerto internacional de Lima antes de ser deportados”. Esa acción fue considerada por el gobierno de Nicolás Maduro como “un atropello”.

El 30 de junio de 2020, la presidenta del CNE, Indira Alfonzo, anunció que “se elevará de 167 a 277 el número de diputados a elegir para que integren la Asamblea Nacional (AN) durante el período 2021-2026, un incremento del 66%”. Alfonzo agregó que se conservarán las 87 circunscripciones electorales existentes en el país y que 87 organizaciones políticas están habilitadas para participar en las próximas elecciones parlamentarias.

El 18 de agosto de 2020, Alfonzo anunció que se extenderá, por siete días, el plazo de postulaciones de candidatos para las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2020.

El 23 de agosto de 2020, Alfonzo declaró que, debido al contexto de la pandemia por Covid-19, los comicios parlamentarios del 6 de diciembre podrían durar más de un día. “La variante del COVID-19 condiciona por supuesto cuando se establecen mecanismos de cuarentena radical y se disminuyen las posibilidades de movilización, por supuesto que eso debe llevarnos a considerar, y así lo estamos haciendo, la fórmula de que quizás debamos extender el momento de votación a más allá de un día de jornada”, dijo Alfonzo en una entrevista a Panorama.

El 4 de septiembre de 2020, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Alfonzo por “facilitar los esfuerzos del ilegítimo régimen de Maduro para socavar la independencia y el orden democrático de Venezuela”.

El 22 de febrero de 2021, la Unión Europea sancionó a 19 funcionarios relacionados con el gobierno de Nicolás Maduro. Entre ellos, figura el nombre de Indira Alfonzo, quien fue señalada de emprender acciones contra la AN/2015 que dificultaron el ejercicio del poder legislativo. (Alfonzo, cuando se desempeñaba como presidenta de la Sala Electoral del TSJ, fue quien elaboró la sentencia Nro. 1/2016 que declaró en desacato a la AN, y calificó de nulos todos los actos del Poder Legislativo).