Listado que agrupó la información de las personas que habían firmado para activar un Referéndum Revocatorio en contra del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, en 2004. En el revocatorio se habían recabado datos como nombres, apellidos, cédula de identidad, fecha de nacimiento, firma y huella dactilar de aquellos que querían interrumpir el período presidencial, muchos de estos se hicieron públicos con la Lista Tascón que se convirtió en motivo de despidos masivos en organismos y empresas estatales, y en un instrumento de retaliación y persecución política denunciado por diversos sectores de la oposición venezolana. En 2005, Chávez pidió “enterrar” la Lista Tascón durante la realización del V Gabinete Móvil.
La Lista Tascón debe su nombre a Luis Tascón Gutiérrez, diputado de la Asamblea Nacional (AN) en representación del Movimiento V República (MVR), quien falleció en 2010. De acuerdo con un artículo publicado el 4 de junio de 2018 por prodavinci.com, “el entonces diputado Tascón accedió a la base de datos de todos los electores que habían firmado para apoyar el referendo revocatorio, por solicitud de Hugo Chávez y con la anuencia del Consejo Nacional Electoral (CNE). La excusa era permitir el control de esas firmas al considerar que muchas de ellas eran fraudulentas. Pero en realidad, la Lista Tascón sirvió para promover la persecución política de aquellos que apoyaron el referendo revocatorio”.
Un artículo firmado por Carlos Patiño y publicado el 11 de junio de 2018 en el sitio digital provea.org señala que “el CNE autorizó al diputado oficialista Luis Tascón para que retirara las copias certificadas de las planillas, para luego publicarlas en su página web (www.luistascon.com) acusando a los firmantes de participar en un ʹmega fraudeʹ. La nota acota que “a partir de allí (de la Lista Tascón) se desataría una cacería de brujas en los entes del Estado, con despidos y desmejoras de empleados públicos, así como la no contratación de personas que aparecieran como firmantes”.
El 14 de febrero de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia oral y pública para analizar el caso de Magally Chang Girón, Rocío San Miguel Sosa y Thais Coromoto Peña, quienes fueron despedidas del Consejo Nacional de Fronteras, una instancia adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, por haber firmado para el proceso de revocatorio celebrado en agosto de 2004.
El 8 de febrero de 2018, la Corte dictó una sentencia a través de la cual determinó que el Estado venezolano incurrió en “(…) violación de los derechos políticos, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la igualdad ante la ley y no discriminación, a las garantías judiciales y a la protección judicial” en el caso de Chang, San Miguel y Peña conocido oficialmente como “caso San Miguel Sosa y Otras Vs Venezuela”. En dicha sentencia, la Corte recomendó reincorporar a las víctimas a la función pública (en caso contrario, pagar una indemnización), reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos en lo moral y en lo material, y adoptar medidas de no repetición necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares, entre otras exhortaciones.
El 21 de mayo de 2021, trabajadores del Complejo Refinador Paraguaná (CPR) denunciaron que la administración de Nicolás Maduro sigue usando la Lista Tascón para despedir a aquellos que firmaron en contra de Chávez. Según lo detallado por el portal informativo fronteraviva.com, el secretario General del sindicato de trabajadores petroleros, Iván Freite, expresó que bajo ninguna justificación, estaban arremetiendo contra empleados que están en las contratistas del complejo petrolero “solo porque firmaron contra Chávez”.
El 21 de diciembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado venezolano cumplir con la sentencia sobre la Lista Tascón. La Corte recordó que en 2019 venció el plazo de un año para presentar el informe en el que se detalle las medidas de reparación ordenadas por la instancia en el caso de Chang, San Miguel y Peña.
