Ramón Carrizalez

Fue designado por Hugo Chávez como vicepresidente de la República el 3 de enero del 2008 y estuvo al frente del Ministerio de la Defensa desde el 4 de marzo del 2009, sin embargo, renunció a ambos cargos en enero del 2010 alegando motivos personales, decisión que también tomó su esposa, Yubirí Ortega, quién para entonces se desempeñaba como Ministra de Ambiente.

Carrizalez fue ministro de Vivienda y Hábitat desde el 2006, sucediendo a Luis Figueroa, quien fue destituido del cargo. Finalizó esta gestión en 2008. El diario El Nacional reseña que en marzo de 2004, Carrizalez Rengifo fue nombrado ministro de Infraestructura, luego de que Diosdado Cabello saliera del cargo para participar como candidato a gobernador del estado Miranda en los comicios de aquel año. Durante su gestión impulsó la Misión Vivienda, además de la construcción de las líneas 3 y 4 del Metro de Caracas y de los metros Los Teques, Valencia y Maracaibo.

Ramón Alonso Carrizalez Rengifo es coronel del Ejército, egresado de la Academia Militar Venezolana el 5 de julio de 1974 en la promoción “General de División (Ej.) José Ignacio Pulido” con el título de Licenciado en Ciencias y Artes Militares. Solicitó su baja (por voluntad propia), en 1994.

Desde el año 2000 ocupó cargos designados por el gobierno como la presidencia ejecutiva de la fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur), la cual asumió en ese mismo año cuando sustituyó a Jorge Garrido.

El 25 de febrero de 2019 fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por su presunta vinculación con la «corrupción endémica y el bloqueo de la entrega de ayuda humanitaria».

Según el Departamento del Tesoro desde enero de 2019 «ha habido una creciente y masiva presencia de fuerzas militares y policiales en las calles de Apure». Carrizalez fue señalado de respaldar la represión.

El 15 de abril de 2019 Carrizalez fue sancionado por el gobierno de Canadá, junto a otros 42 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. De acuerdo a declaraciones de la ministra de relaciones exteriores canadiense, Chrystia Freeland, los funcionarios están siendo sancionados porque “están directamente implicados en actividades que socavan las instituciones democráticas”.

Las sanciones incluyen la congelación de activos y la prohibición de que los funcionarios señalados realicen negocios o se les proporcionen servicios financieros o servicios relacionados en Canadá.