Radwan Sabbagh

En tiempos de alta rotación gerencial, Radwan Sabbagh pasaba desapercibido. Fue el único presidente de las empresas básicas que permaneció por más de seis años al frente de una fábrica durante la era Hugo Chávez. En Ferrominera Orinoco, la extractora y procesadora de mineral de hierro en Venezuela, se consolidó como un gerente chavista, anfitrión de las tantas visitas del “comandante” a Ciudad Guayana.

Economista de la Universidad de Carabobo, oriundo de Maturín, estado Monagas. Es conocido por ser uno de cuatro hijos del dueño de la Sastrería London en la avenida Juncal.

Estudió bachillerato en el liceo Luis Padrino en Juanico en la década de los 70, mientras que el cuarto y quinto año lo estudió en el liceo Félix Ángel Lozada donde egresó como bachiller.

Es fanático de Alí Primera y compañeros de estudio le recuerdan por escucharlo en la sede del antiguo Dorsay en Maturín, donde se reunían a hacer trabajos.

Uno de sus hermanos, Machal Sabbagh Asckar, ingresó a Ferrominera Orinoco en 2010. Según su cuenta de Twitter @machalsabbagh, es ingeniero civil y forma parte de la promoción del 81 en la Universidad de Oriente (UDO); se autodenomina “chavista y revolucionario”.

Machal ha sido presidente y tesorero de una empresa registrada en Panamá (2007) llamada Italian Fashion Mall Inc.

Cevegista

Sabbagh llegó a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) el 21 de agosto de 1989. Comenzó como funcionario de carrera, ascendió a gerente de Control y Gestión, y con la llegada de Francisco Rangel Gómez en 2001 se le conoció como parte de su círculo cercano.

En 2006 es designado presidente de la EPS para la Concentración de Mineral de Hierro, un proyecto de la Compañía Nacional de Industrias Básicas (Coniba) que comprendía 11 empresas,  y ese mismo año titular de Ferrominera Orinoco – promovido por Rangel Gómez – quien ya ejercía como gobernador del estado Bolívar.

Fungió como coordinador técnico de las negociaciones entre Techint y el gobierno venezolano durante el proceso de nacionalización de Sidor. En una entrevista concedida al diario El Universal el 10 de junio de 2007 mencionó que las negociaciones para la estatización – si Techint no optimizaba los volúmenes y los precios del acero al mercado interno –  iban "bien encaminadas".

También tuteló el proceso de transición de la planta de reducción directa OPCO (Operaciones al Sur del Orinoco), que se dio con el vencimiento de la concesión otorgada a la transnacional japonesa Kobbe Steel.

Libertad sindical

Sabbagh adquirió renombre dentro del chavismo en 2009 por la detención del secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), Rubén González, a quien responsabilizó de sabotear la producción por la huelga en la que reclamaban el cumplimiento de la convención colectiva.

Por los delitos de agavillamiento, instigación para delinquir, violación de la zona de seguridad y obstrucción de la libertad al trabajo, el dirigente sindical estuvo preso durante 17 meses. Fue condenado a 7 años y 8 meses de prisión en febrero de 2011, tres días después el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anula la decisión y remite el juicio a su fase inicial con sustitutiva de libertad.

Una vez radicado el proceso en Caracas, y dos años después, el 8 de febrero de 2014, Sabbagh – preso por diversos delitos y a la espera de juicio – atestigua a favor de González y declara que todo su detención se debió a un hecho político.

Meses después, González fue declarado inocente por un tribunal en Caracas y absuelto de toda responsabilidad.

Estatizaciones y corrupción

Sabbagh tuvo responsabilidad en el frenesí estatizador del presidente Hugo Chávez en 2009. El 14 de julio de ese año, cuando se emitió el decreto de nacionalización Nº 6.796, asume la comisión de transición de la Venezolana de Prerreducidos del Caroní (Venprecar). En esa ocasión, también se ordenó la adquisición de los bienes de las sociedades mercantiles Orinoco Iron, Materiales Siderúrgicos (Matesi), Complejo Siderúrgico de Guayana (Comsigua) y Tubos de Acero de Venezuela (Tavsa).

Al frente de Ferrominera Orinoco y CVG siempre fue conocido como un gerente competente hasta 2013, cuando la crisis financiera en la estatal la llevó a tocar fondo.

Entre 2011 y 2013, varios sucesos en la estatal colocaron la mirada en Ferrominera y en el puerto de Palúa, principal puerta del sur del país al Orinoco y un punto estratégico de comercialización de la entidad administrado por la CVG.

El 29 de junio 2011 hallan un alijo de 700 panelas de cocaína dentro de maquinaria pesada en el muelle de Palúa, que sumaron 6.6 toneladas de droga. Las maquinarias eran propiedad de la empresa J y M, C.A (Jymca) y estaban guardadas además en un galpón de la empresa Técnicas y Maquinarias OP, según el reporte de la prensa local.

Por este caso, el entonces ministro del Interior y Justicia, Tareck El Aissami, llegó a Guayana a confirmar que era el segundo mayor decomiso de droga realizado en la historia venezolana. El jefe del Estado Mayor de la GNB, Luis Motta Figueroa, calificó al estado Bolívar como centro del narcotráfico a nivel nacional por tener una ubicación geográfica que la posiciona como “punto clave para el tráfico internacional de droga”.

El 9 de octubre de 2011 un cargamento de 460 kilos de  cocaína fue hallado en el buque Juergen Schulte de bandera libanesa  que cargaba mineral de hierro en los muelles de Ferrominera Orinoco (FMO), en Puerto Ordaz.

“La embarcación supuestamente venía de Bélgica y atracó en el puerto de Ferrominera Orinoco (Ciudad Guayana) para cargar mineral de hierro. 22 personas resultaron detenidas, todos extranjeros”, reseñó el diario regional Correo del Caroní  el 9 de octubre de 2011.

Un año después, en diciembre de 2012 la gerencia de seguridad patrimonial de Ferrominera Orinoco es intervenida por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Las averiguaciones, sin embargo, son desmentidas por Sabbagh, hasta el 12 de mayo de 2013 cuando se confirman los interrogatorios.

Radwan Sabbagh fue detenido el 12 de junio de 2013. El  presidente Nicolás Maduro hizo el anuncio en el marco de lo que el propio Gobierno denomina  la “lucha contra la corrupción”.

Sabbagh es acusado de los delitos de peculado doloso propio, malversación agravada, evasión de procedimientos de licitación, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir por el desvío de una partida presupuestaria de 250 millones de bolívares.

Además de Sabbagh fueron detenidas las gerentes María Acosta (exgerente de Finanzas de Ferrominera) y María Rodríguez (exgerente general de Administración y Finanzas en Ferrominera) por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso, malversación agravada y asociación para delinquir.

Al exconsultor jurídico de Ferrominera, Noel Ramírez, se le acusa de ser presunto cómplice necesario en el delito de peculado doloso y asociación para delinquir; el exgerente técnico de Operaciones de Ferrominera, Ángel Ramón Campero Franco, fue acusado el 22 de diciembre de 2013 por su presunta participación en el delito de peculado doloso propio, en grado de cooperador; y asociación para delinquir; mientras que al empresario y editor del Diario Primicia, Yamal Mustafá, se le acusa de ser presuntamente cooperador inmediato en el delito de peculado doloso propio, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir durante la gestión de Sabbagh.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Ferrominera vendió mineral de hierro a precios preferenciales, entre 2010 y 2013, a empresas intermediarias – muchas de ellas sin experiencia en el mercado – que colocaban el producto en el mercado internacional pagando coimas a gerentes y demás funcionarios de Gobierno.

 

Sobornos

Los detalles se conocieron por la filtración del expediente de la DGCIM Nº 47C-16.156-13.  Las entrevistas hechas por la policía militar develaron una red de extorsión, pago de coimas y una intrincada red de corrupción política.

Por ese caso el Ministerio Público tiene un expediente abierto por el pago de sobornos al coronel de la Dirección General de Contrainteligencia Miliar (DGCIM), Álvarez Dionisi, conocido por “El Tiburón”, quien llegó a Guayana a investigar el tráfico de cabillas e irregularidades en las empresas básicas. “El Tiburón” es acusado de los delitos de extorsión, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Yamal Mustafá es -junto a Sabbagh- uno de los tantos entrevistados por la DGCIM en el expediente Nº 47C-16.156-13 en calidad de presunta víctima de extorsión por parte de “El Tiburón”.

Otros empresarios, como el propietario de Corinsur, Douglas Flores, y el sobrino de Yamal, Manuel Mustafá, también fueron citados a declarar.

Por el caso de extorsión, además de Álvarez Dionisi, está preso Carlos Vieira, propietario de Viherca (cliente de Ferrominera); Carlos Martínez por la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir; el teniente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Néstor Arturo Nieves Moreno, adscrito al citado organismo de inteligencia y Belkis Guerrero, cónyuge de Álvarez Dionisi.

Casa cárcel

El 1 de mayo de 2015 en la madrugada, y después de dos años de su detención, se da la audiencia preliminar del caso y el Tribunal 9º de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC) condena a cinco años y dos meses de prisión a María Acosta (exgerente de Finanzas) y María Rodríguez (exgerente general de Administración y Finanzas) de CVG Ferrominera Orinoco, “luego de admitir estar incursas en hechos de corrupción cometidos durante la gestión del expresidente de la estatal, Radwan Sabbagh”, informó el Ministerio Público en una nota de prensa.

De acuerdo al comunicado, el exgerente técnico de Operaciones de esa empresa del Estado, Ángel Ramón Campero Franco, también admitió los hechos y fue condenado a tres años y seis meses.

Las fiscales 56º y 57º nacional, Milvira Caraballo y Paula Ziri-Castro, respectivamente, ratificaron la acusación contra las exgerentes Acosta y Rodríguez, por incurrir en los delitos de peculado doloso y malversación agravada.

Mientras que a Campero se le ratificó la acusación por la comisión de los delitos de peculado doloso propio, en grado de cooperador.

Pese a las declaraciones de los gerentes, el expresidente de la estatal, Radwan Sabbagh, y Noel Ramírez (exconsultor jurídico), pasaron a juicio tras no admitir los hechos. Ambos se mantienen privados de libertad en la misma sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.