Organización de las Naciones Unidas

El 14 de julio de 2017 pidió al Estado venezolano no utilizar justicia militar para juzgar a civiles. «Urgimos al gobierno a que inmediatamente deje de usar la justicia militar para juzgar a civiles, algo que es contrario a la ley internacional de derechos humanos, particularmente con respecto al debido proceso y a las garantías», dijo la portavoz de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throsell.

El 2 de agosto de 2017 Zeid Ra’ad Al Hussein, alto comisionado en Derechos Humanos de esta organización, expuso en un comunicado: «Me preocupa profundamente que los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma hayan sido nuevamente puestos bajo custodia de las autoridades venezolanas tras la revocación de su arresto domiciliario». También solicitó al gobierno la liberación de todas las personas detenidas por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica.

El 3 de mayo de 2019, de acuerdo con una reseña de Runrun.es, la portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, informó que cinco manifestantes, tres de ellos menores de edad, fallecieron durante las protestas en Venezuela tras el alzamiento militar del 30 de abril. Asimismo, señaló que 239 manifestantes resultaron heridos.

El 2 de septiembre de 2019 la ONU y la Unión Europea coincidieron en que hacen falta más recursos para atender la crisis en Venezuela.

El 26 de septiembre de 2019 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió una resolución en la piden al gobierno de Nicolás Maduro cumplir con las recomendaciones de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet.

El 16 de septiembre de 2020 la ONU presentó un informe acerca de la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, en el cual insta al Estado venezolano a exigir cuentas a funcionarios responsables por crímenes de lesa humanidad. La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela investigó 223 casos de violaciones a derechos humanos y examinó otros 2.891 para corroborar patrones de crímenes.

Aunque la Misión, conformada el 27 de septiembre de 2019, no pudo viajar a Venezuela debido a que el gobierno de Nicolás Maduro no respondió a sus solicitudes, sin embargo, investigaron durante casi un año ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en el país suramericano desde 2014.  Para el desarrollo de la investigación la Misión realizó 274 entrevistas con víctimas, testigos, familiares, ex funcionarios del Estado, abogados, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional.

“Aunque reconoció la naturaleza de la crisis y las tensiones en el país y la responsabilidad del Estado de mantener el orden público, la Misión constató que el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela. Identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad”, dice el informe.

El 18 de agosto de 2021 la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) indicó que Venezuela recibió 279,4 millones de dólares para ayuda humanitaria en el primer semestre de 2021, un monto mayor que el de 2020. La instancia señaló que “en lo que resta de año, se seguirá abogando con los donantes para recaudar 708,1 millones de dólares requeridos para implementar el Plan de Respuesta Humanitaria”, según reseñó la agencia de noticias efe.com.

El 14 de octubre de 2021, la ONU informó que enviará un panel de expertos electorales en el marco de las elecciones conjuntas que se llevarán a cabo en Venezuela el 21 de noviembre de 2021. Esta misión tendrá como objetivo elaborar un informe independiente interno que será presentado al secretario general de la organización.

De acuerdo con Antonio Guterres, secretario general de la ONU, Venezuela y otros 10 países perdieron su derecho al voto por una deuda con el organismo internacional, en función del artículo 19 de la Carta de las Naciones Unidas. El monto mínimo para que el país suramericano recupere su derecho al voto es de 40 millones de dólares.

El 25 de enero de 2022, se llevó a cabo la sesión de presentación del Examen Periódico Universal (EPU) a Venezuela en Naciones Unidas, un proceso que implica la revisión periódica del historial de derechos humanos del país.

En representación del gobierno de Nicolás Maduro estuvo como vocera principal Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva y ministra (E) de Economía y Finanzas. Rodríguez señaló que “el informe de ACNUDH 2021 es tendencioso y con fallas metodológicas”. También mencionó que “hay temas que hay que revisar sobre los derechos humanos”.

Por su parte, países miembros de la ONU hicieron recomendaciones al Estado venezolano. Entre ellas destacan: atender los casos de desapariciones forzadas y víctimas de trata; mejorar el acceso a la salud pública; garantizar la libertad de expresión y modificar la Ley contra el Odio; garantizar el cese de criminalización, hostigamiento y persecución de opositores, manifestantes y defensores de derechos humanos; el cese de detenciones arbitrarias, permitir operar a todos los medios de comunicación; liberar a los presos políticos; garantizar seguridad y jueces imparciales; garantizar elecciones justas y libres.

El 19 de abril de 2022, la Plataforma de Coordinación Interagencial de la ONU informó que la cifra de migrantes venezolanos en el mundo se elevó a 6,11 millones, y 5,06 millones se encuentran en América Latina.

El 13 de julio de 2022 el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas (ONU) en Venezuela, Gianluca Rampolla, expresó en una entrevista en Unión Radio que «el organismo internacional cambió su configuración en el país a la típica arquitectura humanitaria». Detalló que nueve de agencias de las Naciones Unidas operan en el país. «La ONU tenía una presencia muy limitada en Venezuela debido a su alto nivel socioeconómico, no necesitaban mucho de nosotros más que asesorías técnicas, eso cambió en los últimos tres o cuatro años», manifestó el funcionario.

El 15 de agosto de 2022 la ONU dio a conocer un nuevo plan de ayuda humanitaria para Venezuela. De acuerdo con efe.com, el organismo internacional requiere 795 millones de dólares para asistir a 5,2 millones de personas con necesidades urgentes. El medio detalló que «el llamado ‘Plan de Respuesta Humanitaria 2022-2023’ es una hoja de ruta bianual que requiere del dinero este año para atender a las poblaciones más vulnerables del país, ubicadas mayoritariamente en los estados Miranda, Sucre, Falcón, Bolívar, Delta Amacuro, Apure, Amazonas y Zulia».

En el marco del acuerdo firmado por la Plataforma Unitaria y el gobierno de Nicolás Maduro el 26 de noviembre de 2022, durante el retorno a la mesa de diálogo en México, la ONU anunció que creará un fondo común que permita canalizar la asistencia humanitaria en el país suramericano.