Ferrominera

CVG Ferrominera Orinoco inició sus operaciones el primero de enero de 1976. Su objeto principal es la explotación de mineral de hierro en el territorio nacional, en los términos previstos en el Decreto-Ley N° 580, del 26 de noviembre de 1974. Su Memoria y Cuenta indica que en la realización de su objeto, la empresa puede ejercer toda clase de actividades, especialmente mineras, de industrialización, comercialización, transporte, investigación y en general, cualquier otra que considere necesaria o útiles para el ejercicio de la industria. Sus operaciones mineras se realizan en el distrito ferrífero Piar, en el municipio Angostura; mientras que el procesamiento, almacenaje y despacho de mineral de hierro se ejecuta en Puerto Ordaz, municipio Caroní.
Cuenta con una capacidad de producción de mineral de hierro de 23 millones de toneladas, pero su deterioro operativo la llevó a producir 11 millones de toneladas al cierre del 2014, que representan el 48% de su capacidad. La nómina de la empresa asciende a 7.582 trabajadores. En 2013, la empresa fue objeto de investigaciones por presuntos hechos de corrupción que motivaron la detención de su ex presidente, Radwan Sabbagh, un par de gerentes y el empresario Yamal Mustafá. El presidente Nicolás Maduro confirmó la detención y sostuvo en junio de 2013 que Sabbagh “está involucrado en mafias por todos lados en las empresas básicas, inaceptable que se le dé a un funcionario toda la confianza pública y termine haciendo negocios con las empresas que le pertenecen al pueblo de Venezuela”. El mandatario pidió a la Fiscalía General de la República “la máxima severidad contra los delitos de corrupción, sea quien sea, tenga el cargo que tenga (…) Vamos con todo contra los corruptos, estén donde estén”. La empresa es presidida, desde el 08 de agosto de 2016, por Isaías Suárez Chourio, en sustitución del general Jesús Zambrano Mata.

El 28 de agosto de 2018, el representante de los movimientos sindicales, Evaldo Castillo, junto a los voceros de Sintraferrominera, indicaron rechazan la «convención colectiva que se está discutiendo actualmente, ya que el sindicato SINBOLTRAFE, esta ilegítimamente constituido».Castillo calificó el nombramiento como «ilegal e inconstitucional”, por lo que reiteraron es repudiada por los trabajadores que exigen la realización de elecciones, reseñó El Pitazo.