Joel Gerardo Espinoza

“Han mostrado ser verdaderos servidores públicos con fortaleza, capacidad, compromiso y sobre todo con conocimiento”, afirmó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, el 19 de enero de 2015, al juramentar a los nuevos representantes del Ministerio Público, entre esos nombres figuraba el del abogado Joel Gerardo Espinoza Dávila. Nueve meses después de su nombramiento como vicefiscal, fue señalado por el ex fiscal Franklin Nieves, como uno de los responsables de la condena de Leopoldo López. Un año y siete meses después de haber ocupado el segundo cargo más alto del Ministerio Público, en agosto de 2016, es designado, por Nicolás Maduro, como presidente de la empresa Producción Social Minera Nacional.

Casi una década ha pasado desde la fecha en la que por primera vez el nombre de Joel Gerardo Espinoza Dávila figuró en el Ministerio Público. En esa oportunidad –el 6 de marzo de 2007- fue designado fiscal superior encargado en la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas por Isaías Rodríguez, entonces fiscal general de la República.

Antes de eso Espinoza se desempeñaba en la dirección estadal de Salud del estado Portuguesa, y su nombramiento en Gaceta fue el primero de varios. Y es que su carrera en los entes públicos no ha parado ni se ha limitado: durante los 10 años que han pasado desde la publicación de esa Gaceta Oficial N° 39428 el abogado ha pasado por cinco ministerios.

Tres años después de su primer nombramiento en el Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz –quien fue designada fiscal general en diciembre de 2007- le asignó el cargo de Fiscal Superior de la Vicefiscalía del estado Cojedes. Poco menos de un año después, en noviembre de 2011, Ortega Díaz lo vuelve a cambiar de cargo. Ahora pasaría a llevar la dirección de Delitos Comunes del ministerio. Poco tiempo duró en el cargo, pues en enero de 2012 pasó a ser director general de Actuación Procesal –ente adscrito a la Vicefiscalía- a fin de cubrir la falta temporal producida por su titular, el abogado Alejandro Castillo Soto.

Su nombre desaparece de las publicaciones oficiales hasta el 19 de julio de 2013, cuando es designado por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez, representante del Ministerio Público para la Regularización de los Estacionamientos de Guarda y Custodia, así como de las Depositarias Judiciales frente al ente que preside. Este cargo es ratificado en 2014.

En 2015 ocupa el escalafón más alto al que ha ascendido en el Ministerio Público. Por nombramiento de Luisa Ortega se convierte en Director General de la Dirección General de Actuación Procesal y Vicefiscal de la República, cargo que ocupaba cuando el dirigente opositor Leopoldo López fue condenado a más de 13 años de prisión por su participación en las protestas de febrero de 2014.

Un mes después de la condena de López el exfiscal Franklin Nieves, ahora en el exilio, lo acusó de ser responsable intelectual del arresto de López. “A mí me ordena Joel Espinoza que acumulara las causas y me dice: ‘mira, Franklin, hazte un escrito y solicita la acumulación del caso de los estudiantes al caso de Leopoldo, para poder meterle la determinación’. Es allí donde se cambian los delitos, por eso es que se acumulan esos dos casos el del (tribunal) 26 de Control, que era donde estaba el de los estudiantes, al del (tribunal) 16 de control, que era el de Leopoldo López”, dijo Nieves el 31 de octubre en una entrevista al medio Runrun.es.

En 2016 Espinoza Dávila fue señalo nuevamente: Lucía Martínez Romero, indígena Yukpa y viuda del Cacique Sabino Romero Izarra, aseguró que el ex vicefiscal le había dicho que el juicio contra los culpables del asesino de su esposo y su hijo comenzaría, pero a la salida de Espinoza del ministerio seguían pidiendo justicia, en una carta pública cuya destinataria era la fiscal Luisa Ortega, publicada en el portal web Aporrea, el 22 de junio de 2016.

“Al compañero Sabino le tramitamos unas medidas de protección desde el 2008, pero cuando tratábamos de hacer el cumplimiento de la medida, según información que nos referían y tenemos acta, él no daba un domicilio fijo y él permanentemente tenía diferentes lugares donde permanecía y él siempre nos decía a nosotros que él velaba por su propia seguridad”, había declarado Joel Espinoza el 4 de marzo de 2013, según una nota de prensa de Provea, que reseñaba una protesta en la Plaza Bolívar de Caracas, para exigir justicia por el asesinato del Cacique.

Para 2016 Espinoza había trabajado ya con tres ministerios, y justo ese año es cuando empieza a hacerlo con dos que, al menos a grandes rasgos, no tienen nada que ver entro ellos: el ministerio de Cultura y el de Desarrollo Minero Ecológico. Para el primero es nombrado por el presidente Nicolás Maduro, como miembro suplente de la Fundación Imprenta para la Cultura, fundada en 2007 y de la que en 2012 había denuncias de corrupción. Desde entonces, es poco lo que se sabe del ente que se supone es el encargado de la publicación de buena parte de los textos gubernamentales.

Su paso por el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, donde se mantiene actualmente, tiene dos aristas: es miembro de la Comisión Interministerial y presidente de la Empresa de Producción Social Minera Nacional, C.A., designado por Maduro en agosto de 2016, a través del decreto presidencial N° 2.442 publicado en la Gaceta Oficial N° 40.973.

Según su website, la compañía tiene como misión “ejecutar las Políticas Públicas Mineras a través de programas y proyectos sustentables para el aprovechamiento, transformación y comercialización de los minerales y sus productos derivados que apoyen y fortalezcan irrestrictamente el ejercicio de la soberanía de nuestros recursos minerales, en el marco de un modelo de desarrollo endógeno con alto contenido conservacionista”. El 30 de diciembre de 2016 le fue asignado un presupuesto de gastos para el ejercicio fiscal 2017 de BS. 1.486.200.821, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.280.

Además de su relación con EPS, Espinoza está habilitado como persona natural para contratar con el Estado al menos hasta junio de 2017, según el Registro Nacional de Contratistas. Presta servicios legales de justicia para menores, desde su oficina, ubicada en la zona de El Rosal, en Caracas.

De su vida personal es poco lo que se sabe. Hasta 2012 estuvo casado con Auribel Infante Contreras, con quien tuvo dos hijos: María Vanessa Espinoza Infante, y un menor de edad. Ambos viven en Santiago, Chile, desde donde, según sus redes sociales, hacen activa oposición al Gobierno de Nicolás Maduro.