Rubén González

Su título más notorio es el de secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera) entre 2008-2012 y 2012-2016. Rubén González nació en Barcelona, estado Anzoátegui, el 17 de marzo de 1959. Vive en Ciudad Piar desde hace 31 años, mismo tiempo de su antigüedad en la estatal Ferrominera Orinoco (FMO). Es técnico en soldadura, labor que desempeñó hasta 2008 cuando abrazó la lucha sindical; aunque confiesa jocosamente que “cuando tengo que echar un candelazo lo echo”.

Está casado con Yadid de González desde hace 36 años y con quien tuvo cuatro hijos: Yarudid, Rubi, Yhezzy y Rubenny. La primera también es trabajadora y dirigente sindical de FMO; el segundo, Rubi, es operador ferroviario en la misma empresa y Yhezzy es secretaria en el área de producción en el cerro San Isidro, una de las zonas ferríferas en donde Ferrominera Orinoco explota mineral de hierro.

Fue concejal del municipio Raúl Leoni -actual municipio Angostura-, electo con el 52% de los votos en 2005, lo que le mereció el cargo de presidente del Concejo Municipal.

Una huelga lo llevó a prisión

El dirigente sindical lideró una huelga de más de dos mil trabajadores de CVG Ferrominera Orinoco entre el 11 y el 26 de agosto de 2009 por el incumplimiento de la convención colectiva firmada el año anterior. El 26 de agosto firmó un acta convenio con el entonces presidente de la empresa, Radwan Sabbagh, en el que pactan el fin de la huelga y la honra de los compromisos contractuales.

Un mes después del fin de las protestas, el 24 de septiembre, González es detenido e imputado por los supuestos delitos de agavillamiento, instigación a delinquir, restricción a la libertad del trabajo y violación de zona de seguridad. Estuvo bajo arresto domiciliario hasta el 21 de enero de 2010, cuando ordenaron su traslado a la cárcel de la sede de la policía del municipio Caroní, en la parroquia Unare.

Su encarcelamiento implicó una gran movilización del sector sindical de Guayana que exigió su liberación; pero fue el Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos de la Corporación Venezolana de Guayana (Sunep CVG) el que presentó el caso formalmente, el 22 de enero de 2010, ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como un hecho más de violación de las garantías sindicales.

10 meses más tarde, el 19 de noviembre de 2010, el Comité de Libertad Sindical de la OIT manifiesta en su informe 358 que: “los hechos imputados contra este dirigente (Rubén González) no justifican su detención provisional o arresto domiciliario desde septiembre de 2009 y pide al Gobierno que se le libere sin demora en espera de la sentencia y que sea debidamente indemnizado por los daños y perjuicios sufridos”.

Pese a la recomendación de la OIT, el Estado venezolano mantuvo a González en prisión e, incluso, lo condenó el 28 de febrero de 2011 a 7 años y 6 meses de prisión. La sentencia produjo una nueva movilización regional de movimientos sindicales, partidos políticos, estudiantes y oenegés defensoras de derechos humanos, entre las que destaca el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) que emprendió la campaña Protestar no es un delito, siendo el caso González uno de los más representativos.

La esposa del dirigente sindical jugó un papel determinante en la ola de protestas por su liberación, al mantenerse 19 días en huelga de hambre. Yadid acompañó la lucha de las organizaciones sindicales y de los estudiantes que se encadenaron en febrero de 2011 por casi un mes en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Guayana para exigir su liberación junto con la de William Saud y Carlos Chancellor. Estos tres casos fueron el rostro de la criminalización de la protesta en Guayana.

La presión política sobre el Estado venezolano devino en una anulación de la sentencia, mas no en el sobreseimiento de la causa. Esto lo obliga a presentarse periódicamente en el Juzgado 24° en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a donde fue radicado su caso.

Pese a la causa en su contra, González se postula una vez más como candidato a secretario general de Sintraferrominera para los comicios sindicales de 2012 con la plancha 79, en una carrera de obstáculos impuesta por la plancha oficialista liderada por el secretario de organización, Alfredo Spooner, los señalamientos de la directiva de la empresa y el apalancamiento de la candidatura de Spooner por parte de la estatal del hierro, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y de la Gobernación del estado Bolívar.

González resulta victorioso en julio de 2012 sobre la plancha de Spooner, con 2.737 votos sobre 2.461, en unos comicios de marcado ventajismo oficial y en el que la participación superó el 90% de un universo electoral de 5.617 votantes.

Juicio “político” e “injusto”

El 9 de febrero de 2014, el ya ex presidente de CVG Ferrominera Orinoco, Radwan Sabbagh -imputado por los delitos de peculado doloso propio, malversación agravada, evasión de procedimientos de licitación, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir- atestiguó ante el Tribunal Vigesimocuarto de Juicio de Caracas, que el juicio que se mantenía contra González era “político” e “injusto”.

Durante su detención, el entonces secretario de organización de Sintraferrominera, Alfredo Spooner, ocupaba el cargo de González como secretario general del sindicato mientras gozaba de la simpatía de Sabbagh. Ambos, a su vez, manifestaron su vinculación pública, notoria y comunicacionalmente con el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez. Los tres pertenecen al PSUV. Una vez detenido Sabbagh, Spooner se aleja de éste pidiendo que se investigue hasta sus últimas consecuencias. Rangel Gómez haría lo propio.

En sus primeros años de lucha sindical, González apoyó la gestión del ex presidente de la República Hugo Chávez, militó en el PSUV, y aunque sus críticas fueron cada vez mayores, no se ha desvinculado formalmente de la organización.

En las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para las parlamentarias de 2015, González apoyó al precandidato Raúl Yusef, dirigente político que rechazó las acusaciones del diputado de la Asamblea Nacional Andrés Velásquez sobre los pagos de sobornos a directivos y contratistas de FMO. Esa acusación llevó a prisión, entre otros tantos, al funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el coronel Juan Carlos Álvarez Dionisi y al propio ex presidente de estatal ferrífera, Radwan Sabbagh.

González atribuyó su apoyo a Yusef a su amistad y cercanía con Roger Salazar, quien formaba parte de la fórmula electoral en condición de suplente. Salazar es secretario de Cultura y Deporte de Sintraferrominera.

“Cuando yo apoyo a Yusef no lo hacía por él, sino por el compañero Roger Salazar, que es compañero nuestro en Sintraferrominera. Reconozco que no vi eso. Si lo apoyé fue por ser solidario con nuestro compañero Roger Salazar”, respondió González a Poderopedia al preguntársele por qué apoyó electoralmente a Yusef a sabiendas de sus reservas sobre las denuncias de corrupción en la empresa.

En los últimos seis años, González ha sido reconocido por su liderazgo legítimo y carismático entre los ferromineros y por su manifiesta vocación religiosa como cristiano protestante. Tiene 15 años “en el evangelio”. Dice no guardar rencor a quienes lo persiguieron políticamente y se muestra tan acérrimo persecutor de un cambio político en Venezuela como las motivaciones que tuvo para apoyar a Hugo Chávez en las postrimerías de la llamada “cuarta República”.