Gustavo González López

Por segunda vez –también ocurrió con Miguel Rodríguez Torres– un director de la policía política del Estado es puesto a la cabeza de la seguridad ciudadana: Gustavo Enrique González López fue nombrado ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz la noche del 9 de marzo de 2015, horas después de ser sancionado, junto con otros siete funcionarios venezolanos, por el gobierno de Estados Unidos por violación de derechos humanos y persecución de la disidencia política. “Para que vaya con su condecoración del imperio estadounidense a garantizar la paz del país, la seguridad ciudadana y nacional (…). A luchar por la paz, la seguridad ciudadana. Una nueva responsabilidad, porque sé que está preparado para eso y para más”, dijo el presidente Nicolás Maduro durante su designación.

Es el cuarto en ocupar esta cartera durante el gobierno de Maduro. Sus antecesores –Carmen Meléndez (2014-2015), Miguel Rodríguez Torres (2013-2014) y Néstor Reverol (2013)- han sido, como él, militares. González López egresó de la Academia Militar de Venezuela en la promoción de 1982 con la posición 45. Entre sus compañeros de estudios se encuentra el gobernador de Trujillo y ex ministro de Defensa, Henry Rangel Silva.

También recibió estudios en la Escuela de las Américas (SOA, por sus siglas en inglés) en curso de operaciones psicológicas en 1991, de acuerdo con un artículo publicado por el activista en derechos humanos, Rafael Uzcáteguimiembro de la ONG, con información de SOA Watch.

Infraestructura nacional

En julio de 2003 asumió el cargo de director general de la Oficina de Planificación y Desarrollo de Recursos Humanos del extinto Ministerio de Infraestructura, entonces encabezado por Diosdado Cabello, calificado como el número dos del chavismo –el segundo con más poder en el partido de gobierno después del presidente Maduro- y actual presidente de la Asamblea Nacional. Tres años después, en julio de 2006, ascendió en ese despacho al ser designado  presidente de la Compañía Anónima Metro de Caracas (Cametro), encargada de la construcción, mantenimiento y funcionamiento del sistema ferroviario nacional. Al frente de este organismo, impulsó grandes proyectos, como la rehabilitación de la Línea 1 del Metro de Caracas y la construcción de la Línea 5 y el Metro Caracas-Guarenas-Guatire, todos con avances irregulares.

El periodista y ex presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Manuel Isidro Molina, expuso en agosto de 2008, en el Semanario La Razón, presuntos hechos de corrupción en torno al contrato de rehabilitación de la Línea 1: González López pidió al entonces ministro de Infraestructura, Isidro Ramos, un permiso para contratar de forma directa –es decir, sin licitación– al consorcio que se encargaría de los trabajos. “Hoy se intenta fraguar un contrato por 1.860 millones de dólares con el Consorcio Servicio Metro (CSM) de empresas españolas articuladas desde Caracas por el ex gerente de grandes obras del Metro de Caracas, Francisco Ramírez, hombre de confianza de González López”, denunció el periodista. Dos años después, la ONG Familia Metro denunció ante la Fiscalía General de la República sobre incumplimientos del contrato. “No dudo que se trate de un hecho de corrupción, considerando que había una mejor oferta que fue subestimada por el presidente del Metro para aquel momento, Gustavo González López (…) Se omitió el proceso de licitación, argumentando una supuesta emergencia, que llevaría al Metro a adjudicar directamente el proyecto a este consorcio español, que ofrece menos beneficios que la empresa Frametro y por un monto superior”, declaró entonces el presidente de la ONG, Alberto Vivas. La Línea 5 y el Metro Caracas-Guarenas-Guatire, por otra parte, son dos de los grandes proyectos de infraestructura del país con mayor retraso en su ejecución.

González López, además, presidente del Metro de Los Teques, donde figura, según el Registro Nacional de Contratistas, como accionista, con 40% de las acciones (el capital restante corresponde a Diosdado Cabello -ex gobernador del estado Miranda-, con 40%, y Raúl Salmerón -ex alcalde del municipio Guaicaipuro-, con 20%). Para ese entonces, 2006, había trabajado recientemente para la Gobernación de Miranda a cargo de Cabello, según una nota de la Agencia Bolivariana de Noticias. También dirigió el Sistema Integral De Transporte Superficial S.A. (Sitssa). Pero sus funciones en materia de infraestructura no se limitaron al ámbito de transporte sino que también trabajó en el área de viviendas, en un contexto-país de déficit habitacional. En enero de 2004 fue designado como presidente de la Fundación para el Equipamiento de Barrios (Fundabarrios), otro organismo del Ministerio de Infraestructura. Ese año, aún se mantenía como responsable de la oficina de RRHH del ministerio.

Entre 2008 y 2010 comandó la Quinta División de Infantería de Selva, de Ciudad Bolívar, y en julio de 2010 fue nombrado comandante de la Comandancia General de la Milicia Bolivariana, un cuerpo creado para “entrenar, preparar y organizar al pueblo para la defensa integral con el fin  de complementar el nivel de apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, según la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional   Bolivariana. En agosto asumió funciones adicionales de firmar actos y documentos para asignaciones y transferencias del personal de Oficiales de Comando hasta el grado de Teniente Coronel sin comando directo, Oficiales Técnicos, Oficiales asimilados, Sub-Oficiales Profesionales de Carrera en fase de transición y Tropa Profesional. Y en diciembre de 2012 adquirió la facultad de suscribir los convenios con la Fundación de Programas de Alimentos (Fundaproal) para el suministro de alimentos para el Comando General de la Milicia Bolivariana.

Labores de inteligencia

En julio de 2013 pasó a retiro, pero en septiembre el Ministerio de la Defensa, mediante Resolución Nº 002412, lo designó en comisión de servicio “a orden de la Comandancia en Jefe para cumplir funciones como Jefe de Inteligencia Nacional”, señala la Gaceta Oficial 40.249. No se especificó entonces cuál sería el cargo o sus nuevas funciones, hasta que en octubre fue puesto al frente del recién creado Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), destinado a “unificar el flujo informativo sobre los aspectos sensibles de la seguridad, defensa, inteligencia y orden interno, relaciones exteriores y otras instituciones públicas y privadas que se requieran, para facilitar y contribuir al proceso de toma de decisiones, así como prever y neutralizar potenciales amenazas a sus intereses vitales”. La ONG Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de Venezuela advirtió que las funciones del Cesppa debilitaban las libertades informativas.

En febrero de 2014 asumió, además, como director del Servicio de Inteligencia Nacional (Sebin), la policía política del Estado venezolano, en sustitución de Manuel Bernal, días después de que el presidente Maduro afirmara en televisión nacional que efectivos de ese organismo habían violado órdenes de acuartelamiento y participado en los hechos violentos que causaron la muerte de un joven durante una manifestación opositora.

Desde entonces, su figura está envuelta en denuncias de líderes opositores al gobierno sobre presuntos actos de tortura a manifestantes detenidos en el Helicoide, sede del Sebin. La ONG Foro Penal, conformada por abogados dedicados a defender a los detenidos durante las protestas, emitió un comunicado en febrero de 2015 para solicitar a González López el cierre definitivo de “La Tumba”, un espacio descrito por los detenidos en el Helicoide como una celda reducida, sin ventanas, con puerta de hierro.

Distintos diarios nacionales –como El Nacional y Diario 2001- califican a este funcionario como hombre de confianza de Diosdado Cabello.

El 19 de mayo de 2015, los siete funcionarios que fueron sancionados por el gobierno de los Estados Unidos el 9 de marzo de ese mismo año, demandaron al gobernador de Miranda, Henrique Capriles, por haberlos calificado «enchufados y corruptos».

Los oficiales Manuel Bernal, Miguel Vivas Landino, Justo Noguera Pietri, Manuel Pérez Urdaneta, Antonio Benavides Torres, la fiscal Katherine Harrington y el propio Gustavo González López, conformaban la lista de funcionarios públicos que fueron sancionados por el gobierno de los Estados Unidos por violar los derechos humanos durante las protestas de 2014.

A través de su cuenta en la red social Twitter, González López, dijo que Capriles «tendrá que explicar en un Tribunal el por qué calificó de enchufados y corruptos a 7 Funcionarios de la Disgnidad», y añadió más adelante que ellos como demandantes solicitan total respeto al derecho a la defensa del gobernador, «contrario a lo que él hizo con sus falsas imputaciones».

El 16 de noviembre de 2017 fue denunciado por Luisa Ortega Díaz ante La Haya por presuntamente haber “cometido crímenes de asesinato, tortura, encarcelamiento, así como un ataque sistemático y generalizado contra la población”. También fueron denunciados Nicolás Maduro, Néstor Reverol, Vladimir Padrino y Antonio Benavides Torres.

El 18 de enero de 2018 fue aprobada una sanción por parte de la Unión Europea en la que lo responsabilizan, junto a otros representantes del gobierno venezolano, de la represión y situación política de Venezuela.

El 28 de marzo de 2018 fue sancionado por el gobierno suizo. Aseguran que es responsable de graves violaciones de los Derechos Humanos, que incluyen detención arbitraria y tortura, así como represión a la sociedad civil y a la oposición democrática en Venezuela. Dos días después, el 30 de marzo, el gobierno de Panamá lo sancionó al ser considerado de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El 7 de agosto de 2019 el gobierno de Suiza sumó a su lista de sancionados a 18 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, por “por violar los derechos humanos y socavar el estado de derecho y las instituciones democráticas. Entre los sancionados figura el nombre de González López.

Su nombre figura entre los 25 funcionarios del gobierno de Maduro sancionados por el gobierno de Suiza el 11 de octubre de 2019.

Señalamientos de la Misión de la ONU

De acuerdo con el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, publicado en septiembre de 2022: «La Misión encontró motivos razonables para creer que Gustavo González López tuvo conocimiento, participó y contribuyó en la comisión de graves violaciones y delitos contra opositores políticos focalizados al Gobierno que tuvieron lugar en el SEBIN a partir de 2014, incluyendo detenciones arbitrarias y torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluyendo actos de violencia sexual. González López se desempeñó como director del SEBIN durante los momentos en los que funcionarios del SEBIN bajo su máxima autoridad cometieron actos de detención arbitraria, tortura y tratos crueles e inhumanos, incluyendo violencia sexual en El Helicoide, como se documentó anteriormente. La Dirección de Investigaciones Estratégicas, donde se identificaban e investigaban los objetivos potenciales, trabajaba también bajo su supervisión con Calderón Chirinos como Comisionado en los momentos pertinentes. La Misión recibió información de fuentes privilegiadas de que  González López ordenó a funcionarios cometer actos de tortura o tratos crueles e inhumanos. Los testigos también indicaron que desempeñó un papel en varias detenciones arbitrarias, incluso por no ejecutar las órdenes de liberación».

«En consecuencia, la Misión encuentra motivos razonables para creer que Gustavo González López puede detentar tener responsabilidad penal en los hechos antes mencionados y, por lo tanto, debe ser investigado», concluye el informe.