Carlos Rojas

Presidente regional del partido Por la Democracia Social (Podemos) en el estado Bolívar hasta el 2012, cuando las diferencias internas de la organización devienen en una intervención del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que termina fallando en favor de la facción del partido que apoyaba al entonces presidente de la República, Hugo Chávez.
Para entonces, la facción opositora de la tolda creó otra organización de nombre Avanzada Progresista; y Rojas, al igual que el resto de los dirigentes nacionales, se sumó al naciente grupo como secretario general.
Es «guayanés de crianza y monaguense de nacimiento», indica en su perfil de Google+. Fue director laboral suplente de CVG Venalum -en donde laboró como analista de inventarios- para el periodo 2003-2006 y diputado del Consejo Legislativo del estado Bolívar (CLEB) para el período 2004-2008 electo por voto lista. Su mayor notoriedad la tuvo en 2006 cuando Rojas, en calidad de presidente de una comisión investigadora del CLEB, exhortó a la Alcaldía de Caroní a desalojar y demoler la sede del diario Correo del Caroní, donde el medio ha desarrollado sus labores desde su fundación, en 1977.
“Estamos solicitando que se demuela, que se le pase por encima con los elementos técnicos a una obra que no debería estar allí, porque son espacios comunales que pertenecen al colectivo”, manifestó Rojas en aquel entonces. El argumento de la comisión era que, a su juicio, los espacios donde se encuentra la sede del medio no estaban zonificados para ese tipo de uso, y que en su lugar, el terreno debía destinarse a servicios comunales y sociales.
La Alcaldía de Caroní argumentó que tal decisión no correspondía al CLEB, y que todo proceso de desalojo debe hacerse con procedimientos estrictamente legales, que en ese caso, no se siguieron. La investigación cesó y el Correo del Caroní siguió funcionando en su sede actual.
Aquella comisión investigadora la terminaban de conformar los diputados: Juan Miranda, Carlos Velásquez, Kamal Naim y Francisco Medina, todos afines con el Gobierno regional.
En meses anteriores a la solicitud, el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, había amenazado con “aplicar todo el ácido posible” a Correo del Caroní con la excusa de que no estaba construido en una zona apta para ese tipo de comercio. Meses después se nombra esta comisión en el CLEB, que por mantener esos mismos alegatos fue directamente relacionada con Rangel Gómez y sus intenciones de cerrar el medio.
Rojas fue parte del grupo de dirigentes de la MUD que salió en defensa del empresario allegado a la Gobernación del estado Bolívar Yamal Mustafá, imputado por el Ministerio Público por peculado doloso propio y concertación de funcionario público con contratista por el caso de presunta corrupción en CVG Ferrominera. Rojas, como el resto de los defensores de Mustafá, cargaron contra el dirigente de La Causa R y diputado de la Asamblea Nacional Andrés Velásquez por hacer pública la investigación que para entonces, año 2013, llevaba la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). También forma parte del grupo señalado como “la MUD de Rangel Gómez”.