Baltasar Garzón

Baltasar Garzón nació el 26 de octubre de 1955 en Torres, España. Obtuvo la Licenciatura en Derecho en la Universidad de Sevilla en 1979. También estudió en los seminarios de Baeza y de Jaén, pero dejó los estudios eclesiásticos antes de culminarlos. Garzón está al frente del bufete International Legal Organization for Cooperation and Development (ILOCAD SL) con sede en Madrid. Igualmente, preside la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), institución dedicada a los Derechos Humanos y la Jurisdicción Universal con sede en España, y programas en México, Colombia y Argentina.

Según la página web oficial de Garzón, comenzó su carrera judicial el 13 de febrero de 1981 en el juzgado de Valverde del Camino, provincia de Huelva. Cinco meses después, en julio de 1981, fue nombrado Juez de Primera Instancia e Instrucción de Villacarrillo, en Jaén. En julio de 1983, Garzón fue ascendido a Magistrado.

En 1993, fue electo diputado por el Partido Socialista Obrero Español (Psoe) en las elecciones legislativas. Ese mismo año, fue designado Secretario de Estado  del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas. No obstante, renunció a ambos cargos al poco tiempo.

En 1998, Garzón obtuvo notoriedad internacional por solicitar abrir un procedimiento judicial contra el ex presidente chileno, Augusto Pinochet, por la muerte y tortura de ciudadanos españoles entre 1973 y 1990, es decir, durante su presidencia. Pinochet estuvo detenido en Londres durante cinco meses, pero el procedimiento no prosperó y el ex mandatario chileno no fue extraditado a España, sino que volvió a Chile.

En diciembre de 2006, estableció el llamado “Protocolo Garzón”, un procedimiento que busca reforzar las garantías de los detenidos en régimen de incomunicación para casos de terrorismo.  Como autor, Garzón ha escrito las siguientes obras: “No a la impunidad. Jurisdicción Universal, la última esperanza de las víctimas”, “La Indignación Activa”, “En el Punto de Mira”, “El Fango”, “Un Mundo sin Miedo”, “La Línea del Horizonte”, “La Fuerza de la Razón”, entre otros.

El 16 de octubre de 2008, Garzón, como titular del juzgado número 5 de instrucción de la Audiencia Nacional, se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo tras una serie de denuncias realizadas en 2006 por un grupo de abogados, quienes solicitaron una investigación sobre los asesinatos, torturas, exilios forzosos y desapariciones cometidos desde 1936, año en el que inició la Guerra Civil en España. Sin embargo, el sindicato Manos Limpias, presentó una querella contra Garzón por prevaricación, argumentando que el abogado se extralimitó en sus competencias en la investigación del franquismo. Posteriormente, se presentaron ante el Tribunal Supremo querellas de Falange Española de las JONS y de la asociación  Libertad e Identidad. Un año después, en 2010, Garzón fue suspendido de sus funciones.

En 2012, Garzón se enfrentó a dos decisiones judiciales por juicios en su contra. El 8 de febrero de ese año, el Tribunal Supremo lo condenó a 11 años de inhabilitación por haber autorizado intervenir las comunicaciones en la cárcel de los implicados –y las visitas que recibían- en el caso Gürtel, la trama de corrupción que Garzón sacó a la luz en febrero de 2009, y  que involucraba al Partido Popular (PP).  Semanas después, el mismo Tribunal Supremo absolvió a Garzón por la acusación de prevaricación que había recibido en las investigaciones en el caso del franquismo.

El 23 de mayo de 2010, fue designado Consultor externo por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya. Un año después, el 20 de mayo de 2011, fue nombrado Consultor externo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Colombia. A los pocos meses, el 7 de julio de 2011, Garzón se incorporó al Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa. En febrero de 2020, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) admitió la denuncia de Garzón contra su inhabilitación en 2012.

El 22 de julio de 2020, el despacho de abogados de Garzón, anunció que asumió la defensa de Alex Saab, el empresario que es acusado de ser el testaferro de Nicolás Maduro, y quien fue detenido el 12 de junio en Cabo Verde. De acuerdo con  información del medio digital semana.com, el bufete de abogados International Legal Organization for Cooperation and Development (ILOCAD SL) emitió un comunicado en el que sostiene que «el señor Saab se ha visto perjudicado por una serie de irregularidades, tales como una clara falta de proporcionalidad en la acusación, la falta del derecho al debido proceso y las garantías procesales, en caso de ser extraditado a Estados Unidos».

De acuerdo con el reportaje El bufete de Baltasar Garzón factura 9 millones a Venezuela por «coordinación con la Fiscalía en España», publicado el 4 de octubre en el medio español The Objective, el bufete Ilocad, administrado por Baltasar Garzón, fue contratado en 2016 por Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa), para esa fecha presidida por Eulogio Del Pino, para tareas como la “coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial”.

Según un documento con fecha del 15 de noviembre de 2016, al que tuvo acceso exclusivo ese medio, Pdvsa contrató al despacho de Garzón por 8,8 millones de euros con el objetivo de interponer acciones legales, en España, contra proveedores de Bariven por presuntos delitos de fraude y cohecho.