Tibisay Lucena

Más de una docena de procesos electorales celebrados bajo el chavismo tienen como protagonista a Tibisay Lucena Ramírez, socióloga, profesora de la Universidad Central de Venezuela de Procesos Electorales, violonchelista y otrora presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien en 2014 fue reelecta por tercera oportunidad como rectora principal del ente electoral. Lucena obtuvo su tercera reelección inscrita en el último día de postulación, por una organización llamada Círculo Femenino Populares (sic).

La larense nacida en 1959, llegó al CNE primero como suplente en 2003. En esa época el organismo comicial era dirigido por el magistrado Francisco Carrasquero y por el actual presidente de la AN/6D, Jorge Rodríguez, y se hallaba en medio de la solicitud de referéndum revocatorio al presidente Hugo Chávez.

Lucena participó como asesora de la Comisión de Régimen Político, Democracia, Participación Política, Referéndum, Sistemas Electorales, Poder electoral y Partidos Políticos de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. En 2000 laboró como proyectista de la Ley Orgánica del Poder Electoral y en 2003 fue designada rectora suplente del Consejo Nacional Electoral por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Cuando se efectuó el referendo en agosto de 2004, en el cual Chávez obtuvo el triunfo, Lucena seguía como suplente, pero le tocó observar en primera fila los señalamientos de una oposición que denunció un presunto fraude. Esas acusaciones afectaron la credibilidad del CNE y la gestión de sus futuros directivos de ese poder, entre los que ella se contaría. En ese entorno se efectuó la elección regional de octubre de 2004, en la que el chavismo fue el gran triunfador con 22 de las 24 gobernaciones del país.

Tres meses después de ese proceso regional, en enero de 2005, la socióloga fue nombrada rectora y miembro de la Junta Nacional Electoral de forma transitoria por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. A ese directorio del CNE le correspondió organizar en 2005 la elección de concejales y juntas parroquiales en septiembre y las parlamentarias de diciembre.

Oficialmente en el poder

El 27 de abril de 2006, una Asamblea Nacional (AN) unicolor dominada por el oficialismo, designó rectores principales a Lucena, Sandra Oblitas, Vicente Díaz, Germán Yépez y Janeth Hernández. Entonces los directivos escogieron a la larense como presidenta del CNE y de la Junta Nacional Electoral.

Su primera misión: la organización de los comicios presidenciales de 2006, donde se enfrentarían Chávez y el candidato de la oposición, el entonces gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. Esta vez el nuevo directorio realizó los primeros esfuerzos por brindar las condiciones para unas elecciones que animaran a la participación de los partidos y electores.

La diferencia en la intención de votos presentada por las distintas encuestas –en algunos casos de más de 20 puntos- indicaba que el ganador de ese evento sería Chávez.  Así ocurrió: el presidente reelecto le sacó una ventaja de casi 26% a Rosales. No hubo oportunidad para denuncias de fraude o trampa. Aunque la abstención se ubicó en 25%, para Lucena “los índices de participación fueron altos”.

Cantó victoria de la oposición

Esos comicios de 2006 y el revocatorio contra diputados oficialistas de siete estados (Amazonas, Bolívar, Cojedes, Falcón, Guárico, Miranda y Portuguesa) efectuados el 7 de octubre de 2007, serían los eventos menos polémicos.

Ese año, un Chávez crecido políticamente, solicitó al CNE la realización de un referendo consultivo para reformar la Constitución nacional. A la media noche del viernes 2 de noviembre, Lucena apareció en cadena nacional para convocar a los electores a sufragar el 2 de diciembre, y garantizó la “transparencia” y “fiabilidad” de los resultados.

La consulta se desarrolló el día previsto, con dos preguntas y dos opciones de respuestas: Sí, para quienes apoyaran las propuestas de Chávez; y No, para aquellos que rechazaran la reforma constitucional. A las 10 de la noche de ese 2 de diciembre se inició la totalización de los votos. Pasada la 1 de la mañana, Lucena y los demás rectores caminaron hasta la sala de prensa del CNE. Allí la presidenta del ente electoral pronunció el dictamen tras la decisión de los electores en una noche a ratos tensa: “Al analizar las transmisiones realizadas hasta el momento, se determinó y se comprobó que es una tendencia que no es reversible. Es decir, que la votación se mantendrá con las actas aún faltantes y la tendencia se mantiene”. Con un margen no mayor a 1,5%, el No derrotó al Sí.

A las sombras del “fraude”

Una serie de señalamientos sobre fraude, ventajismo y poca transparencia han caído sobre Lucena y el ente que preside por parte de la oposición venezolana. La elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) realizada el 30 de julio de 2017 llevó los cuestionamientos a escala internacional. El día 2 de agosto de 2017, Antonio Mujica, director ejecutivo de Smartmatic –empresa a cargo del sistema de votación de Venezuela en ese entonces- denunció en una conferencia en Londres que los números de participación habían sido manipulados y que existía una diferencia de al menos un millón de votos entre lo anunciado por Lucena y lo emitido por el sistema automatizado. El 30 de julio de 2017, tres días antes de la declaración de Mujica, Lucena había anunciado la aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con 8.809.320 de votos.

El 26 de julio de 2017, días previos a los comicios de la Constituyente, se dio a conocer que fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Entre los cargos hay penalizaciones de carácter económico e individual. El 18 de enero de 2018 fue aprobada una sanción por parte de la Unión Europea en la que la responsabilizan, junto a otros representantes del gobierno venezolano, de la represión y situación política de Venezuela.

El 28 de marzo de 2018 fue sancionada por el gobierno suizo. Aseguran que sus acciones y políticas han socavado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. También la señalan por facilitar el establecimiento de la Asamblea Constituyente y garantizar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) sea una institución imparcial e independiente de conformidad con la Constitución venezolana. Casi una semana después, el 30 de marzo, el gobierno de Panamá la sancionó por ser considerada de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El 7 de agosto de 2019 el gobierno de Suiza sumó a su lista de sancionados a 18 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, por “por violar los derechos humanos y socavar el estado de derecho y las instituciones democráticas. Entre los sancionados figura el nombre de Lucena.

Su nombre figura entre los 18 funcionarios del gobierno de Maduro sancionados por la Unión Europea. Las medidas de la UE implican a prohibición de viajar a territorio comunitario y la congelación de los bienes “por haber vulnerado los principios democráticos, el estado de derecho y la democracia”.

Su nombre figura entre los 25 funcionarios del gobierno de Maduro sancionados por el gobierno de Suiza el 11 de octubre de 2019.

Su nombre figura entre los funcionarios y empresarios, relacionados con el gobierno de Maduro, sancionados por el TIAR el 3 de diciembre de 2019. Las sanciones incluyen la congelación de cuentas y la prohibición de ingresar a territorio de los países miembros del Tratado.