Iris Varela

Los seguidores del expresidente Chávez describen a Iris Varela como una valiente militante que defiende con las garras sus ideales. Para sus detractores, es la personificación de todo lo que no debe ser una figura política. A Iris Varela su actitud iracunda y personalidad agresiva le alimenta el mito de mujer fiel al proceso revolucionario, leal a sus ideales y combativa ante la injusticia.

María Iris Varela Rangel nació el 9 de marzo de 1967 en San Cristóbal. Desde principios de la década de los 90 manifestó fuertes críticas hacia el gobierno de Carlos Andrés Pérez, entonces presidente de la República, y apoyó abiertamente la intentona golpista del 4 de febrero de 1992. En una entrevista para TalCual, publicada en 2007, aseguró que su padre siempre formó parte del Partido Comunista y que debió crecer soportando los constantes y violentos allanamientos policiales a los que se exponía su familia. Se graduó de abogada en la Universidad Católica del Táchira.

En 2007 el periodista tachirense Gustavo Azócar publicó el libro Historias negras de los próceres rojos: la Comandante Fosforito. Allí había un relato llamado “La madre que no pudo ser”, y en la que explica, sostenido con fuentes anónimas y sin evidencias claras, que «el comportamiento agresivo de Varela se debe a la muerte de su hijo durante un parto complicado». La publicación de Azócar enfureció a Varela, entonces diputada a la Asamblea Nacional, y provocó destrozos en el programa Café con Azócar. Lanzó los muebles al suelo, maldijo a Gustavo a Azócar y lo golpeó en la cara. El video de la agresión tiene más de 157 mil visitas en YouTube.

Además de tener una larga lista de agresiones físicas contra políticos y periodistas como Alfredo Peña, César Pérez Vivas, Gustavo Azócar y Miguel Ángel Rodríguez; acusaciones sin pruebas contra Henrique Capriles e improperios dirigidos a María Corina Machado, y de haber propuesto quitarle la nacionalidad venezolana a los extranjeros que no apoyaran el proceso revolucionario, Iris Varela se destaca por haber ganado todas las elecciones parlamentarias a las que se postuló entre 1999 y 2011.

En 2011, a solo siete meses de ser electa una vez más diputada por el estado Táchira, Varela dejó su cargo para asumir el ministerio que Hugo Chávez creó para ella: servicios penitenciarios, la única solución que el mandatario nacional encontró como respuesta a la sangrienta crisis carcelaria que se desprendió en el Rodeo I y dejó al descubierto los problemas de hacinamiento, insalubridad y desasistencia gubernamental en la población penitenciaria. Varela, solo con alguna especialidad en Criminalística, se comprometió a dar solución a los más de 35 mil hombres y mujeres recluidos en los centros penitenciarios de la nación.

Pero no dejó de generar controversia

Ahora sus improperios y verbo incendiario habían quedado de lado. Los medios independientes se concentraron en la crisis carcelaria que persistía pese a la creación de un ministerio. Hasta 2013 Varela debió asumir los derramamientos de sangre en La Planta, en el Distrito Capital; Uribana, en Lara; el Centro Penitenciario de Los Andes, en Mérida y Sabaneta, en Maracaibo; motines en la Ciudad Penitenciara de Coro, el internado judicial de Monagas y el centro de arrestos preventivos de Cumaná.

Su política de desalojo penitenciario se repitió en Lara, Zulia y Mérida. Pero además, los centros a donde llegaban los miles de reclusos provocaron mayor hacinamiento, tal es el caso de Tocorón, Tocuyito y la Penitenciaría General de Venezuela. Para acelerar el control penitenciario, Varela presidió la creación y ejecución del plan Cayapa, un programa de censo y revisión de detenidos que, incluso, podía acelerar el proceso judicial de cada recluso. Con ello, en 2013 salieron libres más de cuatro mil 500 reclusos en todo el país.

Bajo su gestión, la cárcel de Uribana, hoy llamado David Viloria, y los centros de reclusión de Barinas, Portuguesa y Trujillo están bajo el denominado régimen penitenciario, que se fundamenta en el control del centro por parte del Estado y no de los reclusos. En 2014 Varela volvió a los titulares cuando los internos y familiares del David Viloria sostuvieron un enfrentamiento con los custodios.

A mediados de 2014 y en medio de una aparente tranquilidad carcelaria, denuncian a Iris Varela por nepotismo, habiendo nombrado a su hermana, María del Carmen Varela Rangel, directora del ministerio de Servicios Penitenciarios. Poco después de publicado ese nombramiento en Gaceta Oficial, denunciaron a Varela por tráfico de influencia y concierto para delinquir.

Abelardo Díaz, diputado a la Asamblea Nacional por el partido Copei, interpuso una investigación en su contra en la Comisión de Contraloría en la que demostraba que la ministra otorgó al menos siete obras de forma directa, es decir, sin previa licitación, a la empresa MM Ingeniería y Construcción, C.A., cuyo accionista, según Díaz, es José Gregorio Maldonado Noguera, su exesposo.

El 1 de noviembre de 2016, formó parte en Ginebra (Suiza) de la delegación de Venezuela ante el Examen Periódico Universal (EPU) realizado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que integran 198 países y que tiene por objetivo la evaluación del cumplimiento de los compromisos en Derechos Humanos suscritos por los países. El 2 de febrero de 2017, durante una presentación de la Orquesta Sinfónica Penitenciaria, aseguró que los presos del país van a ser incorporados a proyectos de producción nacional a gran escala.

El 16 de marzo de 2017 se dio a conocer por la vocería del presidente de la Comisión de Régimen y Culto Penitenciario de la Asamblea Nacional, Richard Blanco, que invitaron a Varela a comparecer por la aparición de 14 osamentas en la Penitenciaria General de Venezuela (PGV).

En mayo de 2017, después de un mes de protestas fuertemente reprimidas por el gobierno nacional, el presidente Nicolás Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente con la finalidad de «reformar el Estado y redactar una nueva Constitución». Para ello, anunció la creación de una comisión presidencial, conformada por 13 miembros, entre los cuales se encontraba Iris Varela.

El 15 de mayo de 2017, dijo que la Asamblea Nacional Constituyente es la única vía para consolidar la paz en Venezuela. Aseguró que en Venezuela hay una situación de insurrección armada.

En junio de 2017, Varela se separa del cargo de ministra del Servicio Penitenciario, para optar por un puesto en la Asamblea Nacional Constituyente, cuyas elecciones se desarrollaron en julio de 2017 y en las cuales resultó electa. El cargo de Varela en el ministerio de Servicios Penitenciarios lo ocupó Mirelys Contreras.

El 26 de julio de 2017, se dio a conocer que Varela fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Entre los cargos hay penalizaciones de carácter económico e individual. Ese mismo día respondió a la sanción con una imagen en su cuenta Twitter en la que mostraba el dedo medio y escribió: «Esta es mi respuesta a los gringos, como les dijo Chávez, «váyanse al carajo, yankees de mierda».

El 4 de enero de 2018, Varela vuelve a ser nombrada ministra de Servicio Penitenciario. Tan solo seis meses después de haber dejado el puesto.

El 30 de marzo de 2018, fue sancionada por el gobierno de Panamá por ser considerada de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El 9 de julio de 2019 Varela, en una entrevista con Insight Crime, negó las acusaciones del ex jefe del Sebin, Manuel Cristopher, en las que este aseguraba que la ministra pidió 30.000 rifles al Ministro de Defensa, Padrino López, para armar su ejército, con privados de libertad.

Sin embargo, afirmó: “Lo que yo sí estoy clara es que, independientemente de la situación jurídica que tenga cualquier venezolano, eso no es óbice para que salga a defender la patria a la hora de una agresión extranjera. Si ellos nos amenazan con 5.000 marines, nosotros tenemos a 45.000 privados de libertad”, expresó Varela.

Su nombre figura entre los funcionarios y empresarios, relacionados con el gobierno de Maduro, sancionados por el TIAR el 3 de diciembre de 2019. Las sanciones incluyen la congelación de cuentas y la prohibición de ingresar a territorio de los países miembros del Tratado.

El 7 enero de 2021, durante la sesión de la AN/6D, Varela indicó que se aprobó la creación de una comisión especial para investigar las acciones perpetradas desde las directivas y algunos miembros en el período legislativo 2016-2021. «Lo considero en honor al sufrimiento y al inmenso daño a los venezolanos, que hagamos las cosas con la fuerza que nos da ser diputados”, declaró de acuerdo con una reseña de El Nacional.

Sin embargo, no es la primera vez que la actual primera vicepresidenta de la AN/6D propone judicializar diputados del Parlamento de mayoría opositora. De hecho, en una entrevista publicada por el diario Últimas Noticias el 4 de enero de 2021, Varela explica sus tres primeras propuestas en la AN.

“Una de las primeras actuaciones de la próxima AN debe ser un exhorto al Poder Judicial para que se libren de inmediato órdenes de captura a todas las personas que han traicionado a este país. No traicionaron a un gobierno; incluso los que estaban vestidos de rojo, rojito pero que se fueron cometieron aquí muchas fechorías, pero ellos están traicionando al país, no nos están traicionándonos a nosotros. A ellos los meto en el mismo saco que a Julio Borges, Guaidó, María Corina. Ellos se olvidaron de hacer política”, expresó la ex ministra de Servicio Penitenciario.

Asimismo, señaló que su segunda propuesta consistirá en “la confiscación de los bienes de todos los que se fueron del país”. Sin embargo, esto contraviene el artículo 116 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) que dice expresamente: “No se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes sino en los casos permitidos por esta Constitución”. Estos casos excepcionales son: “Los bienes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público, los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público y los bienes provenientes de las actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes”.

La tercera propuesta de Varela, de acuerdo con la publicación de ÚN, consistirá en solicitar que se revoque la nacionalidad venezolana a los ciudadanos que “se hayan montado en la onda conspirativa pidiendo invasión militar, porque lo que han pedido es guerra y esa guerra ha generado muertos”, declaró Varela.

El 12 de mayo de 2022, la dirección nacional de migración de Argentina prohibió la entrada al país de Iris Varela, quien llegó en un vuelo procedente de Brasil. De acuerdo con una nota de El Estímulo, el Ministerio de Interior de Argentina explicó que la negativa se debió al convenio entre el gobierno de ese país y la Organización de Estados Americanos (OEA), con fecha del 3 de diciembre de 2019, que haría cumplir el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).