Aloha Núñez

Aloha Núñez, descendiente de la etnia indígena Wayú, fue la segunda en ser designada -con apenas 29 años de edad- al frente del Ministerio para los Pueblos Indígenas (Minpi), creado en enero de 2007 por el ex presidente Hugo Chávez. La primera en ocupar el cargo fue Nicia Maldonado. Núñez es una de las caras más jóvenes del Gabinete Ejecutivo y ostenta una posición política radical: «No cabe dentro de los pueblos indígenas alguien que no apoye esta revolución», afirmó el 12 de octubre de 2013 en la Cumbre Mercusor Indígena.

Un perfil publicado en la página web del Ministerio la describe como líder del Clan Wouliyü y la segunda de dos hijos de una familia dedicada a la actividad agrícola y ganadera. Nació el 25 de junio de 1983 en la Península de la Guajira, en Maracaibo, estado Zulia. Cursó estudios de primaria en el Colegio Nuestra Señora de Chiquinquirá y de básica en la Unidad Educativa Ana María Campos, señala el portal del Minpi. En 2005 se graduó de licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad del Zulia, donde empezó su trayectoria política y social en pro de los derechos indígenas: fue coordinadora de Manifestaciones y Expresiones Culturales Indígenas (Aseiluz), miembro del grupo cultural Kaaúlayawa e integrante del Movimiento Estudiantil Indígena de Venezuela. También formaba parte del Consejo Nacional Indio de Venezuela (Conive) y del Frente Nacional Indígena Cacique Waika’epurú. En 2010 fue candidata en los comicios parlamentarios, abanderada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

El mismo año de su graduación se sumó a la gestión pública como coordinadora de la Unidad de Gestión, Asistencia y Contraloría Social de la Misión Cultura en el estado Zulia. Tres años más tarde, se desempeñó entre 2008 y 2012 como secretaria ejecutiva de la Misión Guaicaipuro, creada por Chávez en 2004 para el desarrollo de políticas dirigidas a «saldar la deuda histórica con los pueblos indígenas», como por ejemplo, la restauración de títulos territoriales. Este programa estaba adscrito en ese entonces al Ministerio de Participación y Desarrollo Social.

Una vez creado el Minpi, Núñez ocupó la Dirección General del Despacho, luego el Viceministerio del Territorio Comunal de Zonas Urbanas, hasta que en 2012 Chávez la nombró titular de la cartera y al año siguiente fue ratificada en el cargo por el presidente Nicolás Maduro.

La deuda continúa

Las Memorias y Cuentas de su gestión registran poco avance en los proyectos de demarcación de las áreas indígenas y de entrega de títulos colectivos. Los documentos han advertido que el Minpi no cuenta con personal suficiente para abarcar la amplitud y diversidad de la población indígena, lo que dificulta la planificación y seguimiento de las políticas públicas.

Núñez, sin embargo, destaca en sus declaraciones los avances de la administración chavista en materia de derechos indígenas: reconocimiento en la Constitución nacional, la creación de una cartera específica para el tema, un censo más detallado, entrega de viviendas. Algunos representantes del partido de gobierno, no obstante, se han aprovechado de la vulnerabilidad de algunas etnias para la manipulación electoral. El reportaje «Los pueblos de la abstención cero«, publicado en 2012 por el diario El Nacional, develó el intercambio de votos por dinero y bolsas de comida, promovido por líderes del Psuv en zonas indígenas de Delta Amacuro. Testimonios recolectados por el periodista revelaron que los waraos del sector entregan sus cédulas de identidad a los dirigentes políticos para que voten por ellos, con lo que se viola la Ley de Procesos Electorales y, más concretamente, su derecho a elegir a sus representantes de forma secreta y directa.

No es el único caso de control del Gobierno sobre el accionar ciudadano de los indígenas. Un estudio de la organización civil Laboratorio de Paz, titulado «Diagnóstico sobre el derecho a la asociación indígena en Venezuela», arrojó que el 82% de las fuentes consultadas reconocieron haber padecido algún tipo de injerencia por parte del Estado en sus fines de asociación, publicó el diario El Universal en el reportaje El abrazo que asfixia. Expertos han declarado que la ayuda gubernamental está condicionada por el apoyo político. Las palabras de Núñez en la Cumbre Mercusor Indígena respaldan esta consideración: no hay cabida para otra opinión.

Se desconoce algún pronunciamiento de Núñez sobre los ilícitos electorales o abusos similares. En octubre de 2013, de hecho, un artículo publicado en el portal Aporrea.org criticaba la pasividad de la ministra al momento de reclamar injusticias contra la población indígena. El autor del escrito, el profesor universitario Sergio Briceño -ex director ejecutivo de la Casa de Nuestra América José Martí-, hizo referencia a su respuesta -poco contundente, a su juicio- en contra de la agresión armada de ganaderos contra mujeres de la comunidad Yukpa, del estado Zulia. «No es suficiente decir que la situación se solventó a través del diálogo y a un acuerdo de no agresión. Hay que hacer una investigación que permita sancionar a los responsables de la agresión a las mujeres indígenas», exhortó. Las tensiones territoriales entre ganaderos e indígenas devinieron en marzo de 2013 en el homicidio del cacique yukpa, Sabino Romero, lo que desató protestas indígenas y denuncias de activistas de derechos humanos.

Plan minero chino

A principios de 2013 organizaciones indígenas del estado Amazonas advirtieron a través de un comunicado sobre el asentamiento de campamentos chinos en la entidad, específicamente de la empresa Citic Group, en el marco de los planes del convenio bilateral China-Venezuela para el desarrollo minero. Ello en contraposición -explica el comunicado- del Decreto Presidencial N° 269 sobre prohibición de cualquier actividad minera en el estado, así como también en contra de lo estipulado en el segundo Plan Socialista de la Nación 2013-2019, que plantea «desmontar y luchar contra los esquemas internacionales que promuevan la mercantilización de la naturaleza, de los servicios ambientales y de los ecosistemas». La exploración y explotación minera china afectaría, según la denuncia, la vida colectiva de las comunidades indígenas de la zona, así como su entorno natural. Ello en el contexto de retraso -desde 1999, como ordena el artículo 119 de la Constitución nacional- en la demarcación de sus territorios.

En julio de ese año, Núñez aseguró en una entrevista con Noticias24 que la problemática con el convenio binacional estaba en discusión a través de mesas de diálogo con las carteras de Minería y Ambiente, la Fuerza Armada Nacional y autoridades indígenas. Un año después, al menos 16 organizaciones firmaron otro comunicado -en junio de 2014- para solicitar al Gobierno nacional la reconsideración de sus políticas mineras y una mayor inclusión y consulta de las comunidades indígenas.

El 12 de octubre de 2014, en conmemoración al Día de la Resistencia Indígena, Núñez afirmó: «Ahora aquí todos somos Gobierno. Esa es la diferencia de los pueblos indígenas a lo que era antes. No teníamos voz, no teníamos derecho, no éramos considerados parte de la sociedad». La resistencia indígena venezolana, sin embargo, ahora -en el siglo XXI- incluye una lucha contra ganaderos armados y convenios internacionales de explotación aurífera.

Desde el 3 de agosto de 2015 fue candidata a diputada del Psuv por el estado Zulia, de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de ese año, para cuya campaña fue designada representante de pueblos indígenas del comando Bolívar-Chávez.