Desde que Delcy Rodríguez, asumió la Cancillería de la República, su oficina casi mensualmente emite al menos un comunicado en rechazo a las declaraciones de alguna personalidad u entidad de la comunidad internacional sobre la situación en Venezuela. En este contexto, ha mantenido enfrentamiento verbales con los gobiernos de Uruguay, Perú, Argentina, Brasil, México, España, Colombia, Chile, entre otros países del hemisferio.
Todas estas fricciones han tenido su punto más álgido en abril de 2017, cuando en una sesión extraordinaria de la OEA -que Bolivia, quien había asumido la presidencia pro témpore del Consejo Permanente del organismo, intentó suspender- una mayoría de 18 países aprobaron una resolución en la que se especificaba que en Venezuela había una «ruptura inconstitucional del orden democrático» y se daba inicio entonces a la aplicación de la Carta Democrática al país. Tan solo a finales de ese mismo mes, ante la solicitud que habían hecho un grupo de países para convocar una reunión de cancilleres y tratar la situación de Venezuela, la canciller asomó la posibilidad -por primera vez desde que se es miembro de la organización- que el país se retirase de forma defintiva de la OEA.
