¿Auto-contraloría? Una práctica ministerial en Venezuela

0
390

En el cuestionado gobierno de Venezuela existen prácticas ilegales e inconstitucionales que se han normalizado en los últimos años. El hecho de que un ministro presida también empresas, institutos o entes adscritos a su cartera ministerial, es una de ellas. El asunto engloba gran complejidad y plantea diversos dilemas jurídicos y éticos que ponen en riesgo la contraloría, porque el funcionario público no puede “rendirse cuentas” a sí mismo.

Según el artículo 148 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV): “Nadie podrá desempeñar, a la vez, más de un destino público remunerado, a menos que se trate de cargos académicos, accidentales, asistenciales o docentes que determine la Ley. La aceptación de un segundo destino que no sea de los exceptuados en este artículo, implica la renuncia del primero, salvo cuando se trate de suplentes, mientras no reemplacen definitivamente al principal”.

Pese a lo plasmado en la Carta Magna de Venezuela, en el país varios son los ministros que poseen más de un cargo en la administración pública. El mayor general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Manuel Quevedo, es parte de los funcionarios que conforman la lista.

Quevedo, ministro de Petróleo y Energía desde 2017, ocupa igualmente la presidencia de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), la principal empresa del Estado que, de acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), produjo 644.000 barriles diarios de crudo durante el mes de septiembre de 2019, es decir, 11% menos que durante el mes de agosto.

Estas estadísticas están lejos de lo que la corporación petrolera producía hace más de una década: la producción promedio de crudo durante el período enero-septiembre de 2008, por ejemplo, fue de 3 millones 269 mil barriles diarios (MBD), mayor en 119 MBD a la producción promedio alcanzada en el mismo lapso del año 2007, la cual fue de 3 millones 150 mil barriles por día.

Además del desplome en la producción del crudo, Pdvsa y sus filiales son de las empresas del Estado que más denuncias agrupan por corrupción, malversación de fondos y desvíos de recursos. En enero de 2018, durante una rueda de prensa, el fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, indicó que un total de 80 ex gerentes de la compañía están involucrados en hechos de corrupción. Rafael Ramírez y Eulogio del Pino, ambos ex ministros de Petróleo y presidentes de Pdvsa, presuntamente estarían involucrados en esos casos. De hecho, el segundo permanece privado de libertad.

Recientemente, el 9 de octubre de 2019, Nemrod Contreras, vicepresidente de Gas y director interno de Pdvsa, fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), según lo ordenaba la boleta de aprehensión N°005-43, por presuntas irregularidades relacionadas con la estatal petrolera.

Las aguas, como los hidrocarburos, constituyen otro sector que cuenta con un ministro que preside una importante compañía adscrita a la cartera ministerial. Evelyn Vásquez es ministra para la Atención de las Aguas desde 2018 y presidenta de Hidroven, la corporación hidrológica y de saneamiento matriz de Venezuela.

La empresa, que posee filiales por todo el territorio nacional, como Hidrocapital, Hidrofalcón, Hidrolago, entre otras, ha sido cuestionada por irregularidades en el suministro hídrico, fallas en su funcionamiento, averías, mala gestión y hechos de corrupción.

De hecho, el servicio de agua potable ha sido señalado por la opinión pública como uno de los más deficientes en el país junto al servicio eléctrico. En 2016, Hidroven estuvo en el ojo del huracán cuando se dio a conocer que la hidrológica habría sido el foco en supuestos hechos de corrupción con fondos de la Corporación Andina de Fomento, que habían sido asignados para ampliar y modernizar diversas plantas.

La salud en Venezuela: valores en 0

El Ministerio de la Salud es otro de los que poseen un titular que debe “pasarse factura”. El doctor Carlos Alvarado está al frente de la cartera sanitaria desde junio de 2018 y, a su vez, es el presidente de la Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (Fundeeh).

La Fundeeh fue creada el 13 de noviembre de en 2006, de acuerdo con sus estatutos fundacionales. Su misión es la “construcción, dotación y equipamiento de la planta física hospitalaria general especializada, incluida en el Plan Especial de Desarrollo y Ampliación de la Red Hospitalaria Nacional”. El ente está adscrito al ministerio de Salud.

En 2013, el director del Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Carlos Walter, denunció una serie de irregularidades en las obras de ocho hospitales, ejecutadas por la Fundeeh, y solicitó investigar la gestión del ex ministro Jesús Mantilla.

Hoy, de acuerdo con declaraciones de la doctora Maritza Durán, expresidenta de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna (Svmi)  -reseñadas por Efecto Cocuyo el 14 de octubre de 2019- “es necesario equipar al menos 66 hospitales a nivel nacional y brindar dotación básica para 400 ambulatorios, con una proporción de un ambulatorio por municipio”. Esta denuncia demuestra que la Fundeeh, 13 años después de su creación, no ha podido cumplir con los objetivos trazados.

Pero Alvarado no es el único ministro que se ha “autodesignado” como presidente de esa institución. De hecho, fue una práctica recurrente en sus antecesores: Jesús María Mantilla, Carlos Rotondaro, Eugenia Sader, Isabel Alicia Iturria, Nancy Pérez Sierra, Henry Ventura y Luisana Melo, fueron algunos de los ex ministros del área que presidieron al mismo tiempo la Fundeeh.

La periodista de Runrun.es, Lorena Meléndez, sistematizó esta práctica en el reportaje “Fundeeh: la ruina de los hospitales y el botín de los ministros”, publicado en 2016. Según el trabajo, el organismo recibía grandes financiamientos para realizar obras en hospitales, y la figura del presidente era la encargada de abrir y movilizar, junto a otro miembro del Consejo Directivo, la cuenta bancaria de la fundación. Sería, además, quien presentaría al ministro (que era el mismo presidente) la Memoria y Cuenta de la fundación al final de cada ejercicio económico.

Para la abogada y profesora de Ética de la UCV, Ana Julia Niño, las principales implicaciones de que un funcionario ocupe dos o más cargos en la administración pública, son de índole legal, por prohibición expresa de la Constitución nacional. “El cerco jurídico existe, está en el artículo 148 de la CRBV. Esa prohibición debería ser el norte de todos los funcionarios, empezando por el presidente de la República y pasando por la institucionalidad de los tribunales que deberían poder ejercer libremente su facultad de control constitucional para garantizar el respeto de su normativa”, explica.

El Ministerio de Energía Eléctrica: un apagón en la contraloría

El Ministerio de Energía Eléctrica y la Corporación Eléctrica Nacional, S. A. (Corpoelec) no son la excepción en estas prácticas: ambos están bajo la dirección del ingeniero, Freddy Brito Maestre, desde el 6 de junio de 2019. Brito, quien se desempeñaba como ministro de Ciencia y Tecnología, ocupó los cargos de Igor Gavidia, quien en abril de ese año reemplazó al general Luis Motta Domínguez, que ocupaba esa cartera desde 2015.

Brito Maestre asumió la cartera eléctrica del país y la presidencia de Corpoelec en medio de una crisis de servicios en la que le ha tocado rendirse cuentas a sí mismo.

En marzo y abril de 2019 se presentaron apagones de más de 80 horas que dejaron sin servicio eléctrico a 22 estados del país. Nicolás Maduro, anunció un plan de racionamiento eléctrico y removió de su cargo a Motta Domínguez. No obstante, las fallas en el servicio eléctrico se han vuelto una constante, afectando con mayor énfasis a estados como Zulia, Táchira y Miranda, y causando averías en el sistema Metro de Caracas del Distrito Capital.

Sin embargo, este ingeniero no ha sido el único ministro en presidir Corpoelec: Alí Rodríguez Araque (2010-2011), Argenis Chávez Frías (2011-2013), Jesse Chacón Escamillo (2013-2015) y Luis Motta Domínguez (2015-2019) también desempeñaron ambos cargos.

Dentro de este grupo de ex ministros resalta el caso de Argenis Chávez, quien fue designado en mayo de 2011 por su hermano, el entonces presidente Hugo Chávez, como comisionado nacional para los Procesos de Generación Eléctrica, en junio como viceministro de Desarrollo Energético, en septiembre como presidente de Corpoelec -fecha en la que Rodríguez Araque era ministro de la cartera eléctrica- y en diciembre como ministro de Energía Eléctrica, según el decreto presidencial Nro. 8.659.

En 2013, año en que se anunció el fallecimiento de Chávez, el sector eléctrico atravesaba una profunda crisis, y el recién electo presidente, Nicolás Maduro, declaró la emergencia en el Sistema y Servicio Eléctrico Nacional (SEN), lo que trajo como resultado la salida de Argenis Chávez de la estatal.

Una práctica constante

El listado de ministros que tienen en su poder más de un cargo público es nutrido. Néstor Reverol es quizás el que más puestos tiene, ya que es titular de la cartera de Relaciones Interiores, Justicia y Paz desde 2016 y, además, es el administrador de las Dependencias Federales, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, y secretario ejecutivo del Estado Mayor Eléctrico. A él, se suma Pedro Infante, quien lidera el Ministerio de la Juventud y el Deporte desde 2017 y administra el Instituto Nacional de Deporte (IND). Raúl Paredes sigue en la lista por estar a la cabeza del Ministerio de Obras Públicas y presidir la Fundación Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor.

Para la profesora Ana Julia Niño la contraloría implica que se evalúe la gestión de otro, el cumplimiento de la norma. “Un concepto como la “autocontraloría” es un desvío y retorcimiento de la norma constitucional. Un atajo inconstitucional. La administración pública está al servicio de los ciudadanos, se fundamenta en los principios de honestidad, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad -entre otros- en ningún lado se plantea la autocontraloría”, asevera la abogada.

Por su parte, Jorge Elieser Márquez, es el ministro del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno desde marzo de 2017. Pero, además, es director general del Fondo Negro Primero, ente adscrito a ese Ministerio. Márquez también es director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), presidente de la Fundación Radio Miraflores, y presidente de la Corporación Socialista de las Telecomunicaciones y Servicios Postales.